Impacto del paro judicial en el acceso a la justicia
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Carlos Ruiz, Coordinador de Pedagogía Social,
Escuela de Justicia Comunitaria |
Carlos Ruiz, Abogado y Coordinador de Pedagogía Social de la Escuela de Justicia Comunitaria habla del impacto que generó el paro en la percepción de la Justicia que tienen los ciudadanos.
Según declaraciones del
Ministro de Justicia, Yesid Reyes, en entrevista para El Tiempo el pasado 19 de
Enero, una de las prioridades del Gobierno en el 2015 será recuperar la imagen
de la justicia, que luego del prolongado paro judicial, quedó aún más maltrecha
entre los colombianos.
Ante esa preocupación del
gobierno, Carlos Ruíz menciona algunos aspectos importantes a tener en cuenta
para tratar la justicia en Colombia desde otra mirada:
La administración de
justicia es una garantía sine qua non (obligatoria) para el ejercicio de los
derechos, es decir; no se puede pretender que haya una carta de derechos si no se
garantiza alguien que pueda tramitar las diferencias y conflictos que surgen en
torno al ejercicio de esos derechos.
Si bien uno de los
principales factores que afectan la diligencia de la Justicia es la alta carga
de morosidad, el paro incrementa mucho más esa cifra por lo que se estima que para
nivelar la justicia a como estaba antes de arrancar el paro, demanda un año de
trabajo continuo en promedio.
Según cifras del Banco Interamericano se calcula que actualmente un juez debe manejar un promedio de
120 procesos en su despacho, pero la carga laboral de un juez en una ciudad
como Bogotá puede ser de hasta 1000 procesos, es decir que aumenta 8 veces su
carga real de trabajo, eso también genera retrasos y des-estimula al ciudadano.
La carga de litigiosidad
muchas veces no refleja adecuadamente la conflictividad social. El estado solo
puede capturar una pequeña cantidad de procesos con relevancia jurídica, pero
esa conflictividad no se queda solamente en lo jurídico y muchas veces son
conflictos que no están expresados en términos propiamente jurídicos. En ese
sentido las soluciones que pueden producir además de tardías, son soluciones
que no son satisfactorias para lo que quieren las partes en el conflicto, por
lo tanto el conflicto no se soluciona y se entra en un proceso de circulo
vicioso que conduce a que no haya un trámite adecuado de la conflictividad.
Todos estos asuntos redundan en que el ciudadano no tenga claro como el sistema
judicial le puede ayudar.
¿Cómo
se debe pensar la justicia en Colombia?
Hay que pensar la situación
en términos de una realidad puntual y es la cercanía del ciudadano de a pie con
el sistema de justicia. La gente tiene la sensación que el sistema judicial es
inoportuno en términos de tiempo para resolver un problema.
Cuando la gente llega al
sistema judicial busca una solución oportuna y efectiva pero, un proceso que
debería demandar máximo 8 meses o un año según lo que establecen las normas del
estado, puede demandar un tiempo estimado de 4 o 5 años. Esa morosidad puede
redundar en que cuando salga la solución ya será inútil para el afectado porque
pudieron cambiar las circunstancias, la relación puede ser afectada por el
conflicto.
Hay que repensar la utilidad
de acudir a la vía litigiosa como un ejercicio por excelencia para el trámite
de los conflictos, entonces hay que conjugar una serie de elementos:
-
El factor económico: acceder al sistema
judicial que ofrece el estado es gratuita pero cuando se asumen procesos, estos
acarrean costos que deben ser asumidos por el ciudadano.
- Transformar un ideal y es creer que el
escenario de la litigiosidad no es el único escenario para el trámite de un
conflicto.
-
Aprovechar otro tipo de instancias que están
más cercanas al ciudadano, que pueden atender de manera integral el conflicto y
que pueden dar a la gente la sensación de que su conflicto es importante y bien
resuelto. Una manera es articular instancias formales como la justicia judicial con otro
tipo de espacios; por ejemplo, las comisarias
de familia, inspecciones y ofertas comunitarias de gestión de conflictos que
han sido avaladas y respaldadas por el estado, como el ejercicio de la justicia
comunitaria en sus diferentes acepciones, ya sea la justicia en equidad con
jueces de paz y conciliadores en equidad ya que son personas reconocidas por su
comunidad, que tramitan conflictos con validez ante el
estado.
El
reto es entender que todos los conflictos son importantes pero que no todos los
conflictos por su naturaleza tienen la opción de ser tramitados adecuadamente
por la justicia judicial y que debe existir entonces una complementariedad,
donde más que generar una competencia entre la oferta judicial y la no
judicial, se articulen.
-
Volver a empoderar a la gente de sus
conflictos porque suelen delegar sus conflictos a terceros, fruto de una
cultura jurídica.
Es un cambio de cultura que
no se da de un momento a otro pero que es necesaria pensarla para evitar la
excesiva litigiosidad y para esto el estado debe comprometerse de manera
decidida a promocionar los mecanismos de justicia comunitaria como una justicia
cercana a la gente, una justicia que se entiende, una justicia que está
enraizada en el sentido común y que la gente puede apropiar fácilmente
dependiendo de las normas sociales de su comunidad.
La justicia comunitaria debe
verse como un proceso de largo aliento, no es simplemente asignar un rol a una
persona para resolver conflictos sino que hay que crear todo un proceso de
conciencia social en cada comunidad para reconocer qué tipo de conflictos se
tienen, cuáles son los intereses en torno al conflicto, qué posibles ofertas
hay para tramitarlo y cómo podemos empoderar a la gente dentro de las
comunidades para poder empezar a generar ese ejercicio interno de trámite de
conflicto. No es una cosa sencilla pero que con la debida promoción de entes
estatales la sociedad puede empezar a sentir una justicia más cercana y más
justa…
En tanto los jueces puedan
dedicarse a conflictos que merecen su intervención de una forma tranquila,
reposada, el cambio de percepción de la justicia cambia y en eso hay que tratar
de garantizar que lo que llegue al espacio judicial sea lo esencial, lo mínimo.
Antes de pensar que la
justicia es el único camino, se debe pensar en apropiar la justicia comunitaria para evitar que
casos que no necesitan asistencia judicial lleguen a los jueces.
Este
encuentro tuvo dos objetivos. El primero fue dar prioridad al desarrollo de un
plan de acción para este primer semestre, con el fin de articular estrategias
conjuntas de posicionamiento de la Justicia en Equidad en la región para
garantizar su legitimidad social a nivel local. El segundo objetivo fue
resaltar el rol que asumen en la construcción de perfiles y postulación de
candidatos a Conciliadores en Equidad.
