martes, 20 de enero de 2015

Impacto del paro judicial en el acceso a la justicia


Carlos Ruiz, Coordinador de Pedagogía Social,
Escuela de Justicia Comunitaria
Carlos Ruiz, Abogado y Coordinador de Pedagogía Social de la Escuela de Justicia Comunitaria habla del impacto que generó el paro en la percepción de la Justicia que tienen los ciudadanos.

Según declaraciones del Ministro de Justicia, Yesid Reyes, en entrevista para El Tiempo el pasado 19 de Enero, una de las prioridades del Gobierno en el 2015 será recuperar la imagen de la justicia, que luego del prolongado paro judicial, quedó aún más maltrecha entre los colombianos.

Ante esa preocupación del gobierno, Carlos Ruíz menciona algunos aspectos importantes a tener en cuenta para tratar la justicia en Colombia desde otra mirada:

La administración de justicia es una garantía sine qua non (obligatoria) para el ejercicio de los derechos, es decir; no se puede pretender que haya una carta de derechos si no se garantiza alguien que pueda tramitar las diferencias y conflictos que surgen en torno al ejercicio de esos derechos.

Si bien uno de los principales factores que afectan la diligencia de la Justicia es la alta carga de morosidad, el paro incrementa mucho más esa cifra por lo que se estima que para nivelar la justicia a como estaba antes de arrancar el paro, demanda un año de trabajo continuo en promedio.

Según cifras del Banco Interamericano se calcula que actualmente un juez debe manejar un promedio de 120 procesos en su despacho, pero la carga laboral de un juez en una ciudad como Bogotá puede ser de hasta 1000 procesos, es decir que aumenta 8 veces su carga real de trabajo, eso también genera retrasos y des-estimula al ciudadano.

La carga de litigiosidad muchas veces no refleja adecuadamente la conflictividad social. El estado solo puede capturar una pequeña cantidad de procesos con relevancia jurídica, pero esa conflictividad no se queda solamente en lo jurídico y muchas veces son conflictos que no están expresados en términos propiamente jurídicos. En ese sentido las soluciones que pueden producir además de tardías, son soluciones que no son satisfactorias para lo que quieren las partes en el conflicto, por lo tanto el conflicto no se soluciona y se entra en un proceso de circulo vicioso que conduce a que no haya un trámite adecuado de la conflictividad. 

Todos estos asuntos redundan en que el ciudadano no tenga claro como el sistema judicial le puede ayudar.

¿Cómo se debe pensar la justicia en Colombia?

Hay que pensar la situación en términos de una realidad puntual y es la cercanía del ciudadano de a pie con el sistema de justicia. La gente tiene la sensación que el sistema judicial es inoportuno en términos de tiempo para resolver un problema.

Cuando la gente llega al sistema judicial busca una solución oportuna y efectiva pero, un proceso que debería demandar máximo 8 meses o un año según lo que establecen las normas del estado, puede demandar un tiempo estimado de 4 o 5 años. Esa morosidad puede redundar en que cuando salga la solución ya será inútil para el afectado porque pudieron cambiar las circunstancias, la relación puede ser afectada por el conflicto.

Hay que repensar la utilidad de acudir a la vía litigiosa como un ejercicio por excelencia para el trámite de los conflictos, entonces hay que conjugar una serie de elementos:

-       El factor económico: acceder al sistema judicial que ofrece el estado es gratuita pero cuando se asumen procesos, estos acarrean costos que deben ser asumidos por el ciudadano.
-   Transformar un ideal y es creer que el escenario de la litigiosidad no es el único escenario para el trámite de un conflicto.
-       Aprovechar otro tipo de instancias que están más cercanas al ciudadano, que pueden atender de manera integral el conflicto y que pueden dar a la gente la sensación de que su conflicto es importante y bien resuelto. Una manera es articular instancias formales como la justicia judicial con otro tipo de  espacios; por ejemplo, las comisarias de familia, inspecciones y ofertas comunitarias de gestión de conflictos que han sido avaladas y respaldadas por el estado, como el ejercicio de la justicia comunitaria en sus diferentes acepciones, ya sea la justicia en equidad con jueces de paz y conciliadores en equidad ya que son personas reconocidas por su comunidad, que tramitan conflictos con validez ante el estado. 
     
    El reto es entender que todos los conflictos son importantes pero que no todos los conflictos por su naturaleza tienen la opción de ser tramitados adecuadamente por la justicia judicial y que debe existir entonces una complementariedad, donde más que generar una competencia entre la oferta judicial y la no judicial, se articulen.

-       Volver a empoderar a la gente de sus conflictos porque suelen delegar sus conflictos a terceros, fruto de una cultura jurídica.

        Es un cambio de cultura que no se da de un momento a otro pero que es necesaria pensarla para evitar la excesiva litigiosidad y para esto el estado debe comprometerse   de manera decidida a promocionar los mecanismos de justicia comunitaria como una     justicia cercana a la gente, una justicia que se entiende, una justicia que está enraizada en el sentido común y que la gente puede apropiar fácilmente dependiendo de las normas sociales de su comunidad.

La justicia comunitaria debe verse como un proceso de largo aliento, no es simplemente asignar un rol a una persona para resolver conflictos sino que hay que crear todo un proceso de conciencia social en cada comunidad para reconocer qué tipo de conflictos se tienen, cuáles son los intereses en torno al conflicto, qué posibles ofertas hay para tramitarlo y cómo podemos empoderar a la gente dentro de las comunidades para poder empezar a generar ese ejercicio interno de trámite de conflicto. No es una cosa sencilla pero que con la debida promoción de entes estatales la sociedad puede empezar a sentir una justicia más cercana y más justa…

En tanto los jueces puedan dedicarse a conflictos que merecen su intervención de una forma tranquila, reposada, el cambio de percepción de la justicia cambia y en eso hay que tratar de garantizar que lo que llegue al espacio judicial sea lo esencial, lo mínimo.


Antes de pensar que la justicia es el único camino, se debe pensar en apropiar la justicia comunitaria para evitar que casos que no necesitan asistencia judicial lleguen a los jueces. 

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